Cinco fiscales sancionados por caso Emme

Jueves 10 de junio del 2010


QUITO
Cinco de los 57 funcionarios y fiscales que fueron investigados por haber suscrito un remitido de prensa público a favor del fiscal general, Washington Pesántez, y su esposa, Aliz Borja, tras el accidente de tránsito en el que falleció Natalia Emme (14 de enero pasado), fueron sancionados con multas y suspensión.

Los expedientes administrativos se iniciaron por pedido de la Asamblea Nacional.

Ese poder del Estado, a través de una resolución, solicitó la destitución de los funcionarios que suscribieron el comunicado (que fue publicado el 19 de enero), porque parcializaba las actuaciones de los fiscales en el caso de la muerte de la colombiana Natalia Emme, en un accidente de tránsito que involucró a la esposa de Pesántez.

Este caso fue el inició del proceso político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea contra el Fiscal General, que terminó en el archivo.

En el informe sobre el trámite de los expedientes que elaboró el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, y posteriormente envió a la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, María Paula Romo (PAIS), no se dan nombres ni razones por las cuales fueron sancionados los funcionarios de la Fiscalía.

El documento se limita a informar que “se han impuesto sanciones pecuniarias administrativas a cuatro funcionarios y una suspensión temporal de 30 días sin goce de remuneración a otra servidora”.

En relación al sumario que se siguió en contra el Fiscal General subrogante, cuyo nombre apareció en el comunicado, Alvear informó que fue archivado por el fiscal titular.

Por haber suscrito el comunicado, según el informe de Alvear, el director nacional de Recursos Humanos fue retirado de la sustanciación de los sumarios. En su lugar se designó al jefe de Régimen Disciplinario, Jorge Ortiz Carvajal.

La publicación del remitido de prensa (19 de enero pasado) fue solicitada por la entonces presidenta de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía, Blanca del Hierro, quien, en ese entonces, asumió la responsabilidad por la divulgación del documento en los medios de comunicación impresos.

Según Alvear, los expedientes administrativos, cada uno de alrededor de 600 hojas, respetaron el derecho a la defensa y el debido proceso de los implicados, sostuvo.